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Ley de emprendimiento: Decisiones audaces que abren un océano azul de posibilidades para el emprendimiento en Colombia. 

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Para el ecosistema de emprendimiento, el 2020 será un año para recordar, y no solo por el impacto de la pandemia y todas sus implicaciones buenas y malas en la actividad empresarial, la consolidación de la transformación digital y el vuelco cultural de muchas organizaciones. En 2020 se dieron dos pasos inequívocos en términos de política  pública  para  promover decididamente el emprendimiento en el país. 

El primer paso fue la publicación del COMPES  4011 de 2020 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) en la que se formula la Política Nacional de Emprendimiento; el segundo con la aprobación de la ley 2069 de 2020, el COMPES  sienta las bases y expone las razones para las cuales es necesario tomar una serie de medidas que impulsen el emprendimiento y, la primera de esas medidas es la presentación y aprobación de la Ley de Emprendimiento.    

Esta política reconoce la pluralidad de las nuevas iniciativas empresariales, los motivos por los que son creados, desde los emprendimientos de necesidad hasta los de oportunidad; en sectores como el de agricultura, que buscan la seguridad alimentaria, pasando por los emprendimientos verdes o sociales hasta los de productos y servicios sofisticados y apalancados en tecnología con un potencial diferencial en el mercado mundial. Incluso sienta las bases para que desde el sistema educativo se fomenten capacidades duras y blandas para las futuras generaciones de emprendedores.  

En este artículo resaltamos algunos de los elementos más relevantes de esta ley para Endeavor y para el emprendimiento de alto impacto en Colombia. No busca hacer un análisis exhaustivo y posiblemente para la audiencia en diferentes esferas del emprendimiento existan otros aspectos más relevantes a resaltar.  

Lo más audazel fortalecimiento institucional  

Hace varios años, se publicó un estudio que revela que el impacto del gasto público en innovación era insuficiente e ineficiente, en parte, porque la política se diseñaba y ejecutaba de manera atomizada sin coordinación desde diferentes entidades del orden nacional; como una orquesta con músicos virtuosos pero desafinada porque no tiene director. 

La ley logra resolver, en gran parte, este problema y entrega la batuta a  Innpulsa Colombia para la coordinación del diseño de los programas para diferentes sectores y, aún más contundente, la administración de los recursos de entidades del ejecutivo. Es así como programas como Apps.co ahora serán administrados por Innpulsa con el apoyo técnico del MinTIC. 

Lo mismo sucederá con los recursos de programas diseñados e implentados por otros ministerios. Entendiendo el beneficio de un arreglo institucional como este, parece elemental que una única entidad sea la directora de la orquesta. Lo técnico y lo político no siempre van a de la mano y, en este caso, lograr que lo obvio se convirtiera en una realidad seguro implicó un extraordinario liderazgo político en su aprobación.  

Además, a Innpulsa se le entregan facultades que harán más dinámico el ecosistema. Entre estas, resaltamos la posibilidad de invertir indirectamente mediante fondos de inversión y otros vehículos en el capital de empresas del segmento MiPymes y diseño e implementación de mecanismos de financiación indirectos a los emprendedores. Una de las grandes barreras del emprendimiento en Colombia está en el acceso a la financiación para escalar modelos de negocio con altísimo potencial. Con esta decisión se cumple el dicho popular estadounidense de «poner el dinero en dónde se expresan las intenciones«. Si el gobierno va a fomentar el emprendimiento, y cree que el país tiene un potencial, lo coherente es, entonces, también invertir en estas empresas.  

A partir de la ley, entre las actividades de Innpulsa, también se hace explícito que la asistencia técnica a los emprendedores puede ser a través de terceros. Esto es una grandísima oportunidad para que organizaciones que, como Endeavor, cuentan con experiencia en la aceleración y el acompañamiento a emprendedores, puedan multiplicar el impacto de las empresas y profundizar la contribución al desarrollo del ecosistema de emprendimiento.  

Otras medidas valientes

Se hace permanente el Fondo Mujer Emprende, que se creó en junio de 2020 como medida de mitigación a la emergencia sanitaria y para el apoyo a mujeres independientes y empresarias que enfrentan mayores barreras que los hombres al acceder a financiación. La secretaría técnica de este fondo, siguiendo el esquema institucional, queda a cargo de Innpulsa Colombia.   

La ley también le permite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo aliarse, entre otras, con el sector Fintech y sociedades comerciales que ofrecen financiamiento para la ejecución de programas y proyectos que busquen dar microcrédito como apoyo al desarrollo de este tipo de empresas. Este es un gran paso y demostración de confianza al sector Fintech en Colombia, que agilizará y profundizará el impacto de los programas de financiación de microempresarios en el país.  

Se crean mecanismos para que las Mipymes participen en procesos de compra pública con criterios diferenciados y puntajes que darán una oportunidad a que empresas de menor tamaño y experiencia, con productos y servicios nacionales, continúen creciendo. En esta participación se da un lugar especial a los emprendimientos liderados por mujeres. 

El Estado es el comprador más grande y que se abra la posibilidad a que los emprendedores y las Mipymes contraten con el sector público, contribuirá sin duda a la generación de empleo y desarrollo económico. Adicionalmente, todas las entidades públicas sin importar su régimen de contratación, los patrimonios autónomos y entidades privadas que ejecutan recursos públicos, deberán ampliar la participación de Mipymes en sus procesos de compra.   

Un océano azul de oportunidades 

Muchas de las medidas que tendrán mayor impacto quedaron esbozadas en la ley y su reglamentación, es decir, cómo funcionarán, esto se definirá en el transcurso de los siguientes meses. En algunas de estas, se presentan opciones reales para que el emprendimiento en Colombia navegue en un océano azul de oportunidades. Dependiendo de cómo se defina su reglamentación, modelos de negocio inexplorados y nuevas tecnologías desarrolladas en el país, podrán crear mercados y capturar nueva demanda.  

Resaltamos tres medidas que abren este océano de oportunidades  

La primera es la formalización del esquema de Sandboxes para industrias reguladas, en la que, Ministerios y Sectores Administrativos, deberán crear ambientes o areneras como espacios exploratorios y de prueba en sectores regulados. Este hecho es un reconocimiento a que la regulación y los negocios se adaptan al cambio tecnológico a velocidades disímiles y que posiblemente la regulación puede ser un freno para el desarrollo de emprendimientos de alto impacto apalancados en tecnología. 

Este esquema de Sandboxes se ha implementado en países como Argentina, Finlandia, Holanda y Reino Unido con experiencias exitosas para el fomento de la innovación. Para el BID, en un estudio de 2020, estos ejemplos sirven como aprendizajes para su implementación en países latinoamericanos. Nos preguntamos si entre los ambientes de prueba que se van a reglamentar se tiene contemplado uno para el mercado laboral.  

La segunda medida es la creación del seguro Mipyme y ayuda a resolver el dilema que enfrentan las personas, emprender o no emprender, ante la incertidumbre del éxito de su idea de negocio. Con este seguro se busca proteger los recursos con los que se financia el emprendimiento, sean del emprendedor, de inversionistas o de origen público, frente al posible fracaso de la idea de negocio.   

La tercera medida que resaltamos, busca generar alternativas a la financiación de los emprendimientos ayudando a superar una de las barreras para su desarrollo. Si la financiación se limita a la que ofrece la banca tradicional o la posibilidad de atraer los recursos de los fondos de inversión, la ley da al gobierno nacional la posibilidad de establecer un marco regulatorio para actividades de crowdfunding o financiación colaborativa.

Por: Alejandra González

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